Documento de trabajo, a 25 de agosto del 2000

Darío González Posso

Introducción *

El Fusarium oxysporum y las "alternativas criollas" *

Algunas implicaciones del proyecto de las "alternativas criollas" *

En busca de alternativas concertadas *

Epílogo *

Anexo: aportes a la discusión *

La evolución de la política norteamericana, la lucha contra las drogas y su intervención en el conflicto colombiano *

A las condiciones ya agudas del enfrentamiento bélico que padece Colombia, con su carga de sufrimiento sobre la población civil, se agrega ahora una guerra biológica en ciernes. Control biológico es una expresión eufemística para referirse a un asunto que engloba la fabricación, importación, posesión o uso de armas biológicas. El carácter de tales se desprende del contexto en el cual se aplican, así como de los objetivos, inscritos en una opción que es opuesta a una agenda de paz y solución negociada de los conflictos, una opción de guerra y de intervención militar de los EE.UU. en el conflicto interno colombiano, con el pretexto de la lucha contra las drogas. (Para ampliar el análisis del contexto, véase el Anexo).

La utilización de éstas armas, que además están dirigidas en primer término contra el campesino cultivador, significa la perpetuación de la errada política de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos, por ahora de coca, que acentuaría la cadena del desplazamiento forzado de personas y por lo tanto la agudización de la crisis humanitaria en el país.

En la lista de fracasos de la política de erradicación forzosa de los cultivos que alimentan la producción de drogas ilícitas es largo el historial de la guerra química: desde el paraquat y el glifosato hasta el thebuthiurom. El costo de la lucha antidrogas auspiciada desde el principal polo de consumo de sustancias psicoactivas y del gran negocio del narcotráfico ha recaído siempre sobre los eslabones más débiles de la cadena: los ecosistemas naturales y los pequeños productores de los Andes y de la selva amazónica.

Ahora se preparan las armas biológicas, cuyo uso el gobierno colombiano pretende enmascarar bajo la falacia del "control biológico", para satisfacer las condiciones de la "ayuda" militar de los Estado Unidos, en el marco del denominado Plan Colombia. Un aspecto del plan aprobado en Washington es que está condicionado a la utilización de "micoherbicidas". Se trata pues de utilizar hongos u otros organismos vivos, realmente como "armas biológicas".

Primero se habló de la utilización de preparados específicos del hongo Fusarium oxysporum en la Amazonia colombiana. Pero esto produjo una respuesta enérgica de sectores académicos, investigadores y algunas organizaciones sociales. Los argumentos fueron múltiples, políticos, así como relacionados con los riesgos ambientales y para la salud humana de los grupos sociales más pobres por ser los más deprimidos incluso en sus sistemas inmunológicos.

En estas circunstancias, el Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr explicó "las razones que tuvo su cartera para decirle NO" a tal hongo y anunció otras alternativas. Aclaró que el gobierno nacional no aceptaría la aplicación de agentes "externos" y que para el control biológico de la coca se estudiarían "alternativas criollas", presentes en nuestra biodiversidad, es decir, made in Colombia. Tal estudio, según el Ministro permitiría canalizar el apoyo financiero de "la comunidad internacional", para ser desarrollado "por científicos e instituciones colombianas".¹ Aludía el ministro, de manera implícita, a un Proyecto, preparado con mucho sigilo, a ser ejecutado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.²

También ha dicho el mismo Ministro que si no se encuentra el Fusarium oxysporum en el medio natural de la Amazonia colombiana no se estudiaría.³ De aquí surge entonces una pregunta: ¿Si lo encuentran, como es muy posible que suceda, entre otros factores por la introducción al país de variedades de coca del Perú, donde ya se han presentado epidemias por tal hongo, entonces sí sería estudiado?.

Es posible conocer a través de Internet dos versiones (mayo⁴ y julio⁵ de 2000) de este Proyecto titulado: "Formas alternativas, integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación". Según Sunshine Project, esta propuesta es la base de las actuales negociaciones entre la Agencia de las Naciones Unidas para la Interdicción de las Drogas, con sede principal en Viena (UNDCP), y el gobierno colombiano para investigar sobre agentes biológicos financiada por Estados Unidos.

Como parte de sus componentes, el Proyecto "persigue la identificación y empleo de organismos nativos de la región, que garanticen a través del control biológico, sin generar consecuencias adversas sobre el medio ambiente y la salud humana, la erradicación del cultivo de coca" (julio 2.000). La iniciación está prevista para agosto del 2000, con una duración de 3 años y por un valor de 7 millones de dólares (más de 14 mil millones de pesos colombianos al cambio actual).

Se resumen a continuación algunas de las implicaciones del Proyecto cuya ejecución se encomienda al SINCHI:

• No se integra a una agenda de paz y solución negociada de los conflictos. Toma de hecho partido por la guerra y las soluciones de fuerza. La "ayuda" militar en el marco del "Plan Colombia" aprobada en Washington, establece el compromiso de experimentar y utilizar métodos biológicos de erradicación forzosa de cultivos, incluyendo micoherbicidas.
• Intenta presentarse como solución "tecnológica", cuando realmente se ubica en un contexto de guerra. Por ello, es muy importante no dejar desviar la discusión a un terreno simplemente "técnico" y pretendidamente "ambientalista".
• Con el sofisma de un control biológico inofensivo, se propone realmente la "identificación y empleo" de armas biológicas. Tácitamente, identifica un cultivo, en este caso de coca, como una maleza o una plaga. En esto coincide con el Servicio de Investigaciones Agropecuarias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el cual los cultivos de los que se extraen narcóticos son "maleza".
• Significa más guerra contra los campesinos y contra la selva. La población "objetivo" de este Proyecto, objetivo de la guerra habría que agregar, "esta conformada por colonos y campesinos, pequeños y medianos productores de Erythroxylum coca localizados en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo" ( Proyecto, julio 2.000).
• Viola el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo dice: "Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional".
• Conduce a la violación de derechos humanos. Una eventual guerra biológica, junto con las operaciones militares en el sur de Colombia, incrementarán la población desplazada, hacia el Ecuador o a hacia diferentes regiones del país, como ya se prevé, lo cual agudizaría la crisis humanitaria. Erradicación forzada (por cualquier medio) y desplazamiento forzado de personas, forman parte de la misma ecuación en esta guerra. La guerra biológica vulnera a la población civil, constituye una violación del derecho humanitario (sin mencionar aún otras posibles consecuencias, relacionadas con la salud y con el entorno natural).
• Bioprospección y piratería. Contiene un componente de bioprospección en alguna medida encubierto en un Proyecto de "controles biológicos" y "sistemas productivos" para la erradicación de los cultivos de coca. (En otro artículo, titulado "Bioprospección y guerra biológica" tratamos sobre este componente).
• La guerra y los negocios, o el negocio de la guerra. Y falta ver lo que el Proyecto de las armas biológicas deja un tanto tácito. Es decir, los intereses económicos, las patentes y los "derechos de propiedad", la producción y comercialización, la bioprospección, que están en juego. Todo ello en el contexto de la guerra que tiende a agudizarse con la ingerencia norteamericana en todos los ámbitos.

La guerra ha sido calificada de múltiples maneras. Clawsewistz dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, alguien agregó que la política es la expresión concentrada de la economía. Desde la perspectiva de la lucha por una cultura de paz y reconstrucción de la política, se ha precisado que la guerra es el fracaso de la política y no su continuación. Quizás es necesario agregar que la guerra, incluida su expresión biológica, también es la continuación de los negocios por otros medios.

En las discusiones de los académicos e investigadores, entre los argumentos más claros y elementales para oponerse radicalmente a la utilización del Fusarium oxysporum, y a cualquier proyecto similar de armas biológicas, encontramos el siguiente:

"El problema está mal planteado. Y está mal planteado porque sencillamente los procedimientos tecnológicos para erradicar la coca ya existen, y algunos son tan viejos como la humanidad misma: basta arrancarla manualmente a través de un azadonazo bien dado".⁶

Pero agrega el anterior razonamiento: "obviamente ese azadonazo bien dado está lleno de factores políticos, económicos, sociales y militares que son precisamente los que están en juego y que constituyen el verdadero problema a solucionar".⁷

El planteamiento anterior, como es evidente, significa que incluso la erradicación manual o mecánica tampoco es solución, a menos que converjan otros factores y soluciones que actúen sobre las causas del problema.

En la actualidad, por ejemplo, algunas comunidades indígenas del Departamento del Cauca, en la región andina hacia el sur occidente de Colombia, por decisión de sus autoridades tradicionales, se han dado a la tarea de erradicar manualmente los cultivos de amapola, en primera instancia para defenderse de la fumigación química, o de una eventual arma biológica, pero con el propósito de exigir al Estado una respuesta con alternativas económicamente viables. Sin embargo, también manifiestan estas comunidades que no pueden esperar nada de las políticas estatales. Algunos comuneros sostienen que, ahora que arrancaron la amapola, el gobierno les va a responder con falsas promesas como en otras oportunidades, incluso cuando han existido acuerdos que han sido defraudados e incumplidos por las instancias gubernamentales, como los de Jambaló de 1992, Guambía de 1997 y Yanaconas en 1999, donde el gobierno se comprometió a programas alternativos, acompañados de erradicación manual y el respeto a la autonomía de los cabildos indígenas. ¿Si eso era con acuerdos, cómo será sin acuerdos?, piensan ellos con toda razón.

La búsqueda de alternativas a los cultivos con fines ilícitos no está en las variables tecnológicas para su erradicación, menos aún en la erradicación forzada contra el pequeño campesino cultivador. Hace falta el desarrollo de sistemas competitivos con el ilícito para que sea realmente viable la sustitución de los cultivos en la economía campesina y, en especial, es indispensable parar la guerra, en lo inmediato mediante una tregua armada multilateral de los actores armados del conflicto bélico interno, de manera que empiece a ser posible desvincular la coca de la economía de guerra de los grupos armados y que baje así uno de los factores de presión sobre el campesino.

Desde diversos sectores del país, incluso empresariales, se está estudiando esta alternativa de un "cese al fuego subsidiado, o pagado", es decir, mediante la compensación de los recursos económicos para el sostenimiento de las FARC y del ELN en las condiciones de una tregua.

También resulta indispensable un tratamiento diferenciado:

1. La sustitución de cultivos en relación con el pequeño cultivador debe ser gradual, voluntaria, compensada económicamente y acompañada de alternativas realmente viables; así como medidas estructurales, entre ellas reforma y política agrarias que favorezcan la recomposición del campesinado libre.
2. Sobre las plantaciones agroindustriales se debe aplicar la extinción de dominio, sin ninguna compensación económica, y en ellas se puede realizar una erradicación por medios manuales o mecánicos, que además resultan más baratos...y ofrecen la posibilidad de dar empleo a muchas personas.

Pero esto puede perjudicar el negocio de los vendedores de productos químicos y de "controladores biológicos" (armas biológicas "extranjeras" o "nativas").

Como parte de las alternativas más razonables también ha sido propuesta la legalización de la droga, planteamiento que parte de considerar que sólo es posible empezar a quebrar la economía criminal cuando se terminen las jugosas utilidades que son alimentadas con el prohibicionismos, como sucedió en el caso de las bebidas alcohólicas en los EEUU.

Por supuesto, esta discusión de posibles alternativas concertadas no se cierra aquí.⁸ El objetivo del presente artículo se concentra en el rechazo a la guerra biológica y a cualquier política de erradicación forzada contra el campesino que, como queda dicho, conlleva desplazamiento forzado de personas y por lo tanto la agudización de la crisis humanitaria en Colombia.

Contra las posibilidades de alternativas concertadas atenta la política de intervención de los EE.UU. en los asuntos internos de Colombia. En este aspecto es muy elocuente lo que dijo a la revista SEMANA el señor Barry McCaffrey, zar antidrogas de EEUU, quien se reunió en Cartagena con el Presidente Pastrana para preparar la visita de Clinton a Colombia:

• SEMANA le preguntó: "En un análisis de una revista de la Universidad de Harvard, se plantea que el gobierno de Estados Unidos debería abandonar temporalmente políticas como la fumigación de cultivos ilícitos, si éstas se interponen a un acuerdo de paz, porque solo un país en paz podrá derrotar al narcotráfico. ¿Ha considerado su gobierno esta posibilidad?"
• Barry McCaffrey respondió: "Es una tesis académica respetable. Pero el Congreso de Estados Unidos votó por el Plan Colombia, y lo que el gobierno ordenó es que el Plan Colombia debe ponerse en marcha. Así que eso haremos y los académicos podrán seguir publicando artículos interesantes".⁹

Más claro no canta un gallo. Como quien dice: "el imperio resolvió y punto". Si esto es así, seguramente aun no hemos visto lo peor... Pero esto también nos indica que aquí no podremos limitarnos a realizar ejercicios académicos o a escribir artículos. Una oportunidad inmediata es la movilización ciudadana por el cese al fuego, el respeto a la población civil y la solución negociada del conflicto.

Este anexo contribuye a explicar el contexto del país, así como el significado de los cultivos ilícitos en la economía de la guerra. Agradecemos a quien nos envió esta nota.

En la política gubernamental, la erradicación forzada, fue primero un asunto de policía presentado como de "salud y salubridad pública", luego se convirtió en "guerra" y hoy en "guerra biológica". Esto hace parte de la evolución de la política norteamericana en relación con dos aspectos: La "lucha contra las drogas" y su intervención en el conflicto armado colombiano.

En 1990 WOLA (Washington Office on Latin America), una organización norteamericana de derechos humanos que vigila la política exterior norteamericana para que sus programas de asistencia técnica y ayuda militar, económica y social NO violen los derechos humanos, ni faciliten la creación de contextos en los cuales estos se violen en América Latina, advirtió sobre el cambio de rumbo de la política de los EE.UU., en la lucha contra el narcotráfico convirtiéndola en un componente adicional de su política militar y en asunto de las Fuerzas Militares de la Región Andina.

En un informe de diciembre de 1990, titulado "La Guerra en los Andes: El rol de las fuerzas militares en la política de la lucha contra el narcotráfico", WOLA plantea que, en ese entonces el gobierno de Bush, con su "Iniciativa Andina" de 1989 había cambiado las prioridades militares en América Latina, de Centroamérica a los Andes, involucrando directamente a las fuerzas militares latinoamericanas en la "guerra contra las drogas" y comprometiéndose en este plan antidrogas a que las fuerzas militares estadounidenses proporcionaran inteligencia y el planteamiento estratégico para las fuerza militares de las naciones andinas a las que se les encomendaría las operaciones de lucha contra las drogas. La inteligencia norteamericana se llevaría a cabo a partir de instalar un sistema de inteligencia y vigilancia, incluiría radares, destinados a mejorar las acciones de interdicción limítrofe y a facilitar las operaciones antinarcóticos en la región misma. Según WOLA, para 1990 se estimaba en 200 los asesores y entrenadores militares norteamericanos que, adicionalmente, tenían el potencial de involucrarse, en pequeña escala, directamente en tales operaciones.

Pero la "cooperación" de las Fuerzas Armadas de la región andina se preveía lenta y compleja, pues tanto las peruanas como las colombianas tenían en la lucha contrainsurgente sus prioridades y por tanto lo que requerían era asistencia militar para tal propósito. Adicionalmente, los nexos entre narcotraficantes y fuerza militares locales se veía fuerte y difícil de romper. También se percibía como dificultad el protagonismo político que podrían jugar las Fuerzas Armadas en sus respectivos países en detrimento del poder civil.

En 1993 WOLA publicó un completo informe sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la guerra contra las drogas (la publicación se consigue en castellano editada por Tercer Mundo - IEPRI - CEI-UNIANDES y se titula ¿Peligro Inminente?). En este informe se hace un análisis detallado de cómo la política anti drogas norteamericana compromete los procesos democráticos y el respeto de los derechos humanos en Colombia, Perú y Bolivia y que, adicionalmente, como política antinarcóticos es un fracaso. Considera que el gobierno Clinton seguirá los programas de entrenamiento, colaboración en inteligencia, consejos estratégicos y la asistencia técnica.

En la actualidad, la política norteamericana, con la administración Clinton han evolucionado hacia la "guerra biológica".

Es evidente que las fuerzas insurgentes han sido puestas en el escenario de la "guerra antinarcóticos". Primero, desde la Embajada de los EE.UU. en Bogotá se les acuñó el mote de "narcoguerrilla". Luego, por parte de la oficialidad colombiana, se les calificó como un cartel más de la droga y últimamente como los protagonistas centrales del tráfico de estupefacientes.

Desde otro ángulo, académicos independientes de las políticas del Estado, han señalado que el movimiento armado encontró en la coca una fuente de financiación para la guerra: "Una de las características de la presencia del narcotráfico en Colombia y de modo particular de los cultivos ilícitos, es su creciente articulación funcional a la guerra interna que vive el país... el control territorial ejercido por las guerrillas, principalmente en las zonas de colonización en la Orinoquia – Amazonia, representa la obtención de ingresos como resultado de los impuestos para la guerra tanto a la producción de materia prima como al procesamiento y transporte de sustancias ilícitas".¹⁰ Estudios como el citado y otros, han mostrado que las guerrillas, en sus áreas de influencia, especialmente en la Orinoquia y la Amazonia, primero defendieron a los campesinos de los promotores de los cultivos, pues en mucha oportunidades después de la cosecha no les pagaban, y otras los amenazaban o los mataban (1975-79). Luego, aprovechando la bonanza, empezaron a cobrar el impuesto del "gramaje" en la compra-venta de la pasta de coca; posteriormente, impusieron impuestos graduales y diferenciados a toda actividad relacionada con el cultivo, procesamiento, venta y tráfico; finalmente, controlaron algunos procesos.

También se ha dicho que lo importante de esta relación de la guerrilla con la economía de los cultivos no es en sí misma la tajada que saca de todo el negocio, sino lo que hace con ella, o sea su transformación en medios de guerra, a través del mercado negro y otros negocios. Según esto, a diferencia de otros agentes que se disputan la renta cocalera, paramilitares, militares, gamonales, terratenientes, comerciantes, industriales, etc., la guerrilla no acumula sino que posibilita que acumulen los colombianos y extranjeros que le venden los medios de guerra. En lenguaje judicial, los que lavan narcodólares no son las guerrillas sino sus socios comerciales. Lo dicho no mejora la imagen de la guerrilla. Las consecuencias de la disputa por la renta cocalera y por el control territorial de zonas de cultivos, son dramáticas en términos de destrucción de vidas humanas y deterioro del entorno natural.

En suma, todo lo anterior configura el contexto en el cual una política presentada originalmente como "social" se convierte en guerra, que además, como ya se ha dicho, está dirigida en primer término contra el campesino cultivador. Pero también está orientada a intervenir en los asuntos internos y en el conflicto colombiano. La guerra con medios químicos fracasó y ahora quiere dar paso a la guerra biológica... y, por supuesto, a la continuación de lucrativos negocios.

1) Juan Mayr. “Porqué rechazamos el hongo”. Revista CAMBIO. Bogotá, 24–31 de julio de 2000 No. 370.

2) Por pedido del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, la empresa comercial denominada Live Systems Technology S.A. (LST S.A) presentó la propuesta de estudio del “control biológico de la coca”. La LST S.A. es mencionada en la versión de mayo del 2000 del proyecto del SINCHI.

3) Revista TIME. NY, 6 de julio de 2000.

4)  www.sunshineproject.com;

http://www.sunshine-project.de/pr180700es.html

5)  http://www.mycoherbicide.info/NEWS/lastcounterproposal.htm;

http://www.mycoherbicide.info/NEWS/anexo1.htm; www.ceudes.org

6)  El subrayado es nuestro.

7) Tomás León. “¿Guerra biológica a la coca?”. Articulo tomado de Internet,  publicado en: “Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz”. Indepaz – Secretaría Técnica de Seguimiento al Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Bogotá, junio de 2000.

8) Las memorias del “Encuentro Nacional, propuestas ciudadanas para la Agenda Económica y Social, hacia un Acuerdo Nacional de Paz” (Bogotá, mayo del 2000) presentan diversos puntos de vista en relación con este debate. Véase también: “Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz”, Indepaz, Seguimiento al Mandato por la Paz, Bogotá, junio de 2000.

9) Revista SEMANA, Bogotá, 14 de agosto, edición No. 954.